El pasado 3 de mayo celebrábamos el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como recogimos en otro artículo de nuestra web.
Hace 3 días el CERMI presentaba el estudio “Derechos Humanos y Discapacidad: Informe España 2019”, que documenta con detalle el grado de cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. Supone el treceavo estudio, esta labor tiene un valor incalculable ya que nos permitiría dibujar un mapa fiel a la realidad a través de más de una década de seguimiento y estudio.
El CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, creado en 1997, donde se congregan la mayor parte de las organizaciones defensoras y promotoras de las personas con discapacidad en nuestro país, algo más de 4 millones de personas en nuestro país.
El estudio* se ha realizado tomando los datos y las experiencias de diferentes fuentes de conocimiento, si bien las principales son: las consultas recibidas en el propio CERMI, las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo genuino de la entidad, las denuncias de personas y entidades colaboradoras, tanto del movimiento asociativo como pertenecientes a distintos ámbitos jurídicos, las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales que han originado una investigación por parte del CERMI, así como la actividad de los diferentes operadores jurídicos.
Merece la pena consultar el informe al completo pero cabe destacar el capítulo 3, donde se analiza exhaustivamente la situación de las personas con discapacidad en España siguiendo el articulado de la Convención, señalando las vulneraciones de Derechos así como los avances a lo largo del 2019.
Destacamos varios datos de las conclusiones que son especialmente preocupantes:
Se registraron 395 denuncias de vulneración de la Convención.
Se observa una clara “exclusión dentro de la exclusión”, en relación a la desigualdad y la pobreza de las personas con discapacidad.
La infancia vive una gran desprotección que los aboca a situaciones de violencia y abusos.
La accesibilidad sigue sin asumirse como elemento esencial en el disfrute de todos los derechos humanos, tal y como se constante en el Informe los déficits de accesibilidad queda en suspenso nuestro derecho a la movilidad, a la educación, a la salud y a contar con una tutela judicial efectiva. Sin accesibilidad pasamos a ser, automáticamente, ciudadanas y ciudadanos de segunda.
Es necesario que el personal sociosanitario reciba formación y concienciación en la atención a personas con discapacidad, en especial a las mujeres, sin condicionar la capacidad de elección sobre sus propios cuerpos.
El 23% de las mujeres con discapacidad sufren violencia machista, deben desarrollarse políticas de protección que pongan el foco en estos casos.
Nos enfrentamos a un 2020 quizás más duro ya que la urgencia de atender nuevas situaciones nos impida abordar lo importante.
*Puede consultar el informe completo en el siguiente ENLACE.
